miércoles, 3 de junio de 2015

El TSJA tumba el expediente de la Junta contra la ‘funcionaria Quijote’ que denunció la corrupción

El TSJA tumba el expediente de la Junta contra la ‘funcionaria Quijote’ que denunció la corrupción

La funcionaria Paloma Coiduras, jefa de departamento de la inspección pesquera de la Junta de Andalucía, denunció cómo se tramitaban las sanciones en este sector



Los funcionarios tendrán a partir de ahora más respaldo judicial para denunciar las irregularidades que vean en la administración. Una sentencia del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) a la que ha tenido acceso este diario tumba el expediente disciplinario de la Junta contra Paloma Coiduras, una jefa de departamento de inspección pesquera de la Junta que denunció cómo se tramitaban las sanciones en este sector.
Coiduras, que sufrió acoso laboral de sus jefes, señaló en declaraciones a El Confidencial que el expediente que se le abrió fue “para callarle la boca”. “Ahora por fin se demuestra que no cometí ninguna falta contra la administración y corrobora que todo lo que denunciaba era cierto. No ha prescrito al acoso continuado contra mí; han sido diez años de mi vida horribles”, relató.
La sentencia rechaza que sea el ámbito de un procedimiento disciplinario “ni, tampoco, el de la jurisdicción contencioso-administrativa, donde corresponde decidir sobre lo que constituyen conductas a enjuiciar en el orden penal por presentar carácter de posible delito, siendo igualmente impropio de esta vía y de la administrativa el examen y valoración de la prueba que al efecto concurra”. Estos hechos, y otras ayudas ilegales al campo, también lo está investigando la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude).
Subraya la funcionaria que lo que intentó la Junta de Andalucía fue pararle los pies con el expediente disciplinario. “Abriéndome el expediente intentaban que no hablara y denunciara lo que veía en la Junta, pero ahora está claro que si una administración quiere ir contra un trabajador debe hacerlo por la vía penal”, explicó. “A mí se me ha enjuiciado mal desde el principio. Lo que yo había denunciado eran posibles delitos penales”.
La funcionaria, de 61 años, empezó a denunciar en 2005 al entonces consejero de Agricultura y Pesca de la Junta, Isaías Pérez Saldaña, las “irregularidades” que observaba en su trabajo contra la pesca de inmaduros de pez espada con un tamaño inferior a los 120 centímetros y una talla mínima para el atún de 6,7 kilos o 70 centímetros. Según su denuncia, el delegado de Agricultura en Almería “conocía la vigencia” de la normativa sobre esta talla.
“En la sentencia ha influido seguro el escrito que presenté ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el pasado 12 de marzo. Ahí comenté que la secretaria general de la delegación de Agricultura participó de manera directa en las irregularidades colaborando con el delegado de Almería en que no se iniciaran expedientes sancionadores a ciertos pescadores mientras que a otros se les estaba sancionando; era una persona directamente interesada en tapar las irregularidades que informé al consejero”.
El TSJA también confirma que no existió un supuesto de “atentado a la dignidad, grave o no” que reclamaba la Junta de Andalucía. “El atentado a la dignidad tipificado en el orden administrativo queda configurado como actuación autónoma dirigida intencionadamente al menoscabo de aquella, presupuestos de autonomía y de esa específica intencionalidad que no se aprecian en el presente supuesto”.
En el escrito de conclusiones presentado por Coiduras se especifica que la funcionaria puso en conocimiento de las irregularidades “en evitación de males mayores, y no incurrir en posibles responsabilidades civiles o penales, por ser responsables de la buena gestión de los servicios a su cargo”. Según fuentes jurídicas próximas al caso, la situación era “tan grave” que la empleada pública de la Junta “no tuvo más remedio que presentar una querella criminal ante los juzgados competentes de Almería al no tomarse medida alguna por parte de sus superiores jerárquicos”. La Junta de Andalucía no presentó ninguna querella criminal a Coiduras por denuncia falsa. “A sensu contrario”, como indica el escrito de conclusiones, ha quedado demostrado que las irregularidades informadas al consejero son ciertas y veraces, tal y como se ha acreditado con la amplia prueba documental”.